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Las imágenes de la pasada semana en Ceuta de menores perseguidos por agentes de la Policía Nacional o por militares nos han sorprendido. Es una clara manifestación de un juego político entre España y Marruecos, en el que se utiliza como peones a menores de edad marroquíes.
No obstante, estas acciones policiales son el protocolo que siguen las autoridades españolas para cumplir con los procedimientos para garantizar el respeto de los derechos de los niños y niñas que llegan a Europa sin protección de un adulto.
Por Gloria Fernández- Pacheco Alises.
Los derechos de (todos) los niños
Los menores migrantes tienen derecho a la protección pública en igualdad de condiciones con los menores españoles. El artículo 39.4 de la Constitución Española no diferencia entre menores españoles y menores extranjeros. Por tanto, todos los derechos que recoge la Convención de los Derechos del Niño deben ser disfrutados también por los menores extranjeros.
La obligación de garantizar el respeto y disfrute de esos derechos por parte de los niños y niñas se extiende a todos los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Los órganos de policía serían los encargados de hacer cumplir ese mandato.
En el caso de los menores no acompañados, el hilo conductor de las actuaciones de las Administraciones sería el principio del interés superior del menor, tal y como establece el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño se ha encargado de especificar el contenido y valoración de este principio en la Observación general nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
La determinación del interés superior del menor debe documentarse en todo momento, es decir, ha de justificarse y motivarse en cada decisión que afecte a un menor. Además, no se trata de determinar el interés superior de la infancia, sino del menor en concreto que se verá afectado por la decisión o medida a tomar.
Para cumplir con este principio, se necesita evaluar la identidad del niño: su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las necesidades especiales de protección que pueda presentar.
Las devoluciones en caliente de menores no acompañados forman parte de los efectos colaterales del juego fronterizo, pero son a todas luces inconstitucionales y contrarias a la normativa internacional de protección de derechos humanos.
Las herramientas jurídicas de protección
Al igual que sucede con las llegadas intermitentes de migrantes a través de la frontera sur de Europa, las pautas de actuación en situaciones derivadas de la apertura de fronteras por parte de gobiernos norteafricanos serían las directrices de garantía de derechos humanos que establecen los convenios internacionales en la materia.
No obstante, se impone una reflexión pausada sobre los flujos migratorios, sus tendencias e impactos. Tradicionalmente, el estudio de la inmigración se ha abordado desde su impacto territorial, el impacto económico y en el mercado de trabajo. Pero es evidente que las migraciones tienen tendencias y requieren enfoques de naturaleza transversal para la optimización de recursos y la planificación de estrategias de geopolítica más efectivas.
Las crisis migratorias y el cambio climático
En los años 60 y 70 del siglo XX, España asistió a movimientos migratorios fundamentalmente protagonizados por hombres que acudían solos a trabajar a Europa, al igual que hicieron ciudadanos españoles en esa época. Estos trabajadores comenzaron a reclamar la reagrupación de sus familias, en lo que puede considerarse una segunda etapa migratoria.
Posteriormente, y debido al endurecimiento de los requisitos para la reagrupación, comenzó a registrarse una feminización de la migración. En concreto, a partir de 1985 se constata un aumento de la presencia de mujeres que emigraban solas hasta España.
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI encontramos una nueva tendencia que consiste en la emigración de menores solos o no acompañados. Esta perspectiva nos indica que los flujos migratorios se rigen por pautas propias y determinan los perfiles de la población migrante en función de las circunstancias sociales y políticas de cada momento.
En la actualidad, la recepción de flujos migratorios en la frontera sur de Europa se caracteriza por rutas migratorias cada vez más extensas y procedentes en su mayoría del África subsahariana. Las condiciones económicas empobrecidas, la sequía y el cambio climático han propiciado la percepción de que emigrar es la única salida en los jóvenes y niños del continente africano. Otra cosa bien distinta es la utilización puntual de menores para generar tensión fronteriza entre Marruecos y España.
Por tanto, es necesario predecir las situaciones de crisis migratoria para anteponernos y responder de manera adecuada en función de los perfiles de migrantes que llegan a las costas de Europa, y no tanto en función de las circunstancias económicas o políticas.
La crisis de la covid-19 y sus efectos sociales
En los últimos tiempos hemos presenciado discursos xenófobos en relación con las migraciones. Se ha generado la imagen social de que algunos problemas de nuestra sociedad derivan o son acentuados por la presencia de inmigrantes de otros países menos desarrollados.
Los conflictos raciales, étnicos, culturales, de clase o simplemente de competencia en el ámbito laboral o de movilidad social adquieren una relevancia especial si tienen lugar en época de crisis.
Las crisis son terrenos propicios para la agudización de los conflictos económicos, y nos encontramos inmersos en una de las más devastadoras crisis sanitarias a nivel mundial. Ha tenido repercusiones profundas sobre el mercado de trabajo y sobre la situación de los grupos más empobrecidos, entre los que se encuentran los colectivos de inmigrantes.
A lo anterior se añade el ámbito social, por una amplificación del miedo hacia el otro, y la consiguiente utilización política a través de la radicalización de los discursos contra la inmigración.
La delincuencia protagonizada por menores de origen extranjero es un tema muy debatido y con resultados contradictorios en la literatura científica. Lo que sí está clara es la tendencia creciente de los delitos de odio en los países occidentales.
Las estrategias políticas xenófobas son peligrosas no solo por generar discursos violentos en las redes sociales. También por alimentar, y por tanto ser responsables últimos, de la delincuencia violenta contra determinados grupos minoritarios y especialmente vulnerables.
Soluciones basadas en la prevención
Ante la situación de crisis migratoria derivada del empobrecimiento de las zonas geográficas y colectivos más vulnerables, a nivel global, urge la necesidad de plantear estrategias de cooperación internacional que potencien el desarrollo sostenible de una manera global.
Para ello contamos con pautas bien conocidas como los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una distribución más equitativa de recursos permitiría reducir el impacto de las migraciones tanto en las personas migrantes como en las sociedades de origen y de acogida.
También las nuevas tecnologías pueden aportar respuestas a través de la predicción de situaciones de crisis internacional, la identificación de perfiles y la gestión de riesgos. Debemos predecir para reducir riesgos y proteger a los más vulnerables.
Gloria Fernández- Pacheco Alises, profesora contratada doctora en Criminología, Universidad Loyola Andalucía
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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