Este artigo tamén está dispoñible en: Galego

Si lo que está haciendo la Xunta con el conflicto de los trabajadores de la Justicia gallega no es un cierre patronal, que venga Adam Smith y que lo vea. Como estrategia podría valer, pero tiene un pequeño problema: es ilegal. Los cierres patronales sólo son legales en casos de violencia, ocupación o incapacidad absoluta para prestar los servicios, y ninguno de los supuestos se cumple en este caso.
Solo desde esta perspectiva, la de buscar cerrar la Justicia y dejar a los trabajadores en una situación insostenible y a la intemperie, se puede entender que la manifiesta incapacidad para negociar un conflicto laboral que no tiene nada de extraordinario no haya tenido ya consecuencias políticas. Por lo menos en forma de los ceses fulminantes de un director de Xustiza que va camino de pasar la historia como el hombre que provocó la huelga más larga de la historia universal de la Justicia, o un director de Función Pública al que le pagan para entenderse con los sindicatos y tiene como único resultado visible de su gestión que los sindicatos lo rechacen y haberse convertido en una parte del problema.

El director de Xustiza va camino de pasar a la historia como el hombre que provocó la huelga más larga de la historia universal de la Justicia

Que el vicepresidente Alfonso Rueda se haya desentendido de una huelga que cae directamente en sus competencias, que dura ya dos semanas y que tiene consecuencias gravosas para el conjunto de la sociedad, empezando por los propios trabajadores que no van a cobrar, era algo perfectamente previsible en un político que ya ha demostrado muchas veces que sólo es valiente desde lejos y cuando lo entrevistan en La Voz de Galicia, el medio al que paga tan generosamente para que le hagan parecer un sucesor viable y para señalar a diario a los trabajadores de la Justicia delante de la opinión pública.
Más raro resulta que un tipo tan listo como O Noso Alberto haya cometido la estupidez de emplear como coartada frente a las demandas de los trabajadores de la Justicia la precariedad masiva que padecemos, o los salarios de hambre que cobra tanta gente joven para poder empezar a trabajar; como si la precariedad y los contratos basura sean culpa de los forenses o los auxiliares de los juzgados y no de los presidentes y los gobiernos. La única explicación para semejante disparate es la clásica: ese pecholobo que lleva dentro, que se escapa siempre que puede.

A ver si al final va a resultar que Carlos Marx tenía razón y la plusvalía sale de la explotación del trabajo.

Sostiene la Xunta que los sindicatos sólo quieren hablar de dinero, que lo que piden hundiría las arcas públicas y que ya les han ofrecido cosas tan buenas y generosas como cobrar de acuerdo con la categoría del trabajo que hacen, como exige la ley y ahora la Xunta incumple de manera escandalosa, o dotar más puestos de trabajo para acabar con un colapso judicial agravado por los recortes impuestos por el propio Gobierno gallego, para que O Noso Alberto pudiera fardar en Madrid de perrear con el déficit como nadie.
La Xunta ofrece 90 euros al mes y los sindicatos piden 225 euros. Hay un montón para negociar. Decirles a los trabajadores de la Justicia que si no les gustan las condiciones laborales marchen, o que fuera hay millares esperando para coger el trabajo, es la base sobre la que se ha conseguido la tan pregonada recuperación económica. Las cuentas de las administraciones vuelven a cuadrar y los beneficios empresariales vuelven a estar en los niveles de antes de la crisis, en parte porque los salarios siguen como si estuviésemos en plena recesión; a ver si va a resultar que al final Carlos Marx tenía razón y la plusvalía sale de la explotación del trabajo.

Este artigo tamén está dispoñible en: Galego