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No, no son los 300 espartanos, musculados como si esculpiesen el cuerpo en el Leónida’s Gym, que resistieron en las Termópilas el ataque del ejército persa y la honra guerrera de su ciudad-Estado. Pero estos otros 300 están milagrosamente tan coordinados y disciplinados como aquellos lacedemonios en la defensa de la honra del Gobierno español, vilipendiada por su acción en Cataluña. Y eso que son docentes universitarios, el ambiente (después de la corte imperial de Roma y de los congresos de los partidos) donde se dan más puñaladas por aula cuadrada. Son unos catedráticos y profesores de derecho de toda España que dirigieron una carta a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, afirmando que quien violó la ley no fueron el Gobierno de Rajoy, los jueces o la policía, sino las autoridades catalanas. El escrito profesoral apoya en todo la acción del Gobierno central, asegurando que el Govern catalán infringió la Constitución e incluso las leyes autonómicas, hasta respaldar la prisión de los Jordis por sedición y calificar de «proporcionada y no abusiva» la fuerza usada por la policía en la jornada del referéndum, ya que sufrió «una emboscada». Los profesores niegan que España sea una dictadura, puesto que en caso contrario, ellos serían los primeros en protestar.
Es ya arriesgado debatir con un profesor de Derecho, cuanto más con 300. No es difícil llegar al consenso de que, efectivamente, la Constitución española no permite independencia ninguna. Justo de eso es de lo que se quejan los independentistas, de que no tienen una vía legal para conseguir sus objetivos, mientras hay otros, tampoco previstos, que se resuelven de la noche a la mañana, segundo convenga. Posiblemente de ahí tomaron ejemplo las autoridades catalanas a la hora de saltar tirando por lo alto de sus propias leyes. Y desde luego que España no es una dictadura (y si lo fuera, dudo mucho que los profesores fueran los primeros en denunciarlo).
Pero las mismas instancias europeas apuntaron a que la normativa sobre la libertad de expresión no es muy católica, y que el Gobierno use a la Fiscalía, no ya para dirigir su acción política sino para salvar el culo de los corruptos amigos, no es muy presentable. En cuanto a la acción de la judicatura, el criterio general es más bien que algunos son, por así decirlo, sensibles a las sugerencias. De hecho, hay otro escrito, firmado por un ciento de profesores -otros, quiero creer- que aseguran que no hay delito de sedición y que, de haberlo, no es la Audiencia Nacional quien tendría que juzgarlo, por lo que califican las medidas de la jueza Lamela -esa que todos los gallegos nos preguntamos «de quien viene siendo»- de «gravemente desproporcionadas». Ese otro escrito, no obstante, dice que «el Govern podría haber cometido ‘múltiples delitos’, que tienen que ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro ordenamiento penal».
Quiero decir que puedo entender que haya criterios opuestos sobre aspectos jurídicos (al fin y a la postre, viven de eso), y también que los bandos, las jerarquías y las cadenas de favores concedidos o por conceder conforman las unanimidades de criterio, por extrañas al pensamiento que parezcan. Pero lo que no me cabe en cabeza es cómo tantísimos profesores que aquel 1-O se quedaron en casa, o estaban en cualquier sitio menos en los colegios electorales, pueden respaldar unánimemente con su firma y con su crédito científico unos hechos que no vieron, e incluso calificarlos de una forma tan contundente como «una emboscada». Decía Freud, que de eso algo sabía, que si dos individuos estaban de acuerdo en todo, podía asegurar que uno de ellos pensaba por los dos. Pues imaginen 300.
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