Este artigo tamén está dispoñible en: Galego
Cuando Hitler invadió Polonia en 1939 dio el primer paso para hacer muchas barbaridades. Además de los horrendos crímenes que se cometieron en el país báltico, supongamos que el caudillo alemán invirtió también dineros en infraestructura. Adecentó las carreteras por las que transportaban a las gentes a los campos de concentración, construyó cámaras de gas, hornos, mejoró el sistema de transporte ferroviario para poder agilizar el genocidio y también reformó un par de palacios del siglo XIX, que el gobierno polaco «regaló» al Führer y donde se albergó a oficiales nazis y sus familias.
Unos 82 años más tarde (los mismos que el Pazo de Meirás lleva en manos de los Franco), un par de parientes de Hitler, (que los hay, aunque se han cambiado de apellido porque en Alemania las revistas del corazón no tienen gran interés por fotografiar a los descendientes de los asesinos), presentan una querella contra el gobierno polaco. En la demanda judicial le exigen a la administración báltica que les indemnice por el usufructo de las propiedades «renovadas» por su antepasado, con aproximadamente un millón de euros, cifra a la que los descendientes del dictador calculan que asciende la «inversión polaca» de su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Esto sería una demanda ridícula e insultante en cualquier sistema judicial. Una chaladura de una familia de privilegiados que nunca reconocieron los crímenes de su antepasado, que pasaría sin pena ni gloria por los juzgados de Varsovia o de Estrasburgo.
Sin embargo, España es diferente. Hagamos un fast forward a la situación de los Franco en nuestro país. Esta familia descendiente de uno de los dictadores más sanguinarios en la historia europea tiene la desfachatez de exigir al gobierno actual ser resarcidos por los gastos que la posesión del Pazo de Meirás, les causó durante 82 años. A ver si lo entiendo. No solo «robaron» el Pazo al patrimonio de Galicia, sino que además después de haberlo usado, sin pagar un céntimo durante casi un siglo, quieren recibir una indemnización que saldría de los impuestos que pagan los mismos españoles a los que robaron. Cuando en 1938 un grupo de militares armados que intentaba ganar un golpe de estado pidió un «regalo» para el general ferrolano, les dieron el Pazo. Cuando haces un obsequio mientras los colegas del agasajado sostienen el cañón de una pistola contra tu cabeza, eso se llama extorsión y robo.
Si el gobierno actual cede a las demandas franquistas está reconociendo la legitimidad de un gobierno usurpador, ladrón e ilegítimo que abusó, asesinó, encarceló, robó y reprimió España durante casi 40 años. La familia de Franco no tiene ningún derecho sobre el Pazo de Meirás ni la Casa Cornide. Nunca lo ha tenido. Esas propiedades fueron robadas por un gobierno ilegal, por una pandilla de okupas de pistola y uniforme. Los miembros de la familia Franco que defienden y han vivido del botín del régimen fascista impuesto por el Generalísimo, no tienen derecho a recibir ni un céntimo de las arcas del estado español. ¿En qué base legal se justifica otorgar una indemnización a los descendientes de un dictador que tomó el poder de forma ilegal? No existe una historia de España alternativa. Franco fue un dictador y su gobierno fue ilegal, con lo cual es imposible desde un punto de vista jurídico que estos señores tengan derecho a nada.
Claro que, en este país insólito, donde últimamente las sentencias judiciales son el colmo del disparate y donde tenemos un rey hijo del fantoche exiliado, heredero del dictador, cualquier desenlace es posible. Sin embargo, si seguimos acostándonos con el legado franquista, el fascismo continuará meándonos encima. La familia Franco y el crimen organizado que fue el régimen franquista no se merecen nada. Es imposible vivir en un país decente y orgulloso de sí mismo, regido por los derechos humanos, la honestidad, la libertad de expresión, la igualdad y la justicia, cuando el propio gobierno está dispuesto a continuar cediendo a las demandas de una familia, cuya riqueza y bienestar provienen del expolio, represión y asesinato de cientos de miles de españoles.
Este artigo tamén está dispoñible en: Galego
