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No deja de ser curioso que el primer producto de exportación brasileño de la época colonial fuera el palo brasil, un árbol con madera marcada por su color rojo que servía como tintura. Árbol que será también responsable del nombre del país. Y color que será símbolo del Partido de los Trabajadores (PT), así como la estrella amarilla. Símbolos históricamente ligados a los movimientos socialistas de los trabajadores, que dominaron la política brasileña de 2002 a 2016, desde la primera elección de Lula (2002) hasta el impeachment de Dilma (2016). Su derrota es una parte ineludible para entender el absurdo en el que se transformó Brasil en 2019.

Bolsonaro y sus 3 hijos adultos tienen una trayectoria en la política institucional brasileña de casi 3 décadas. Todos marcados por posturas antidemocráticas, misóginas, racistas, homóbofas, anti-intelectuales, violentas y beligerantes con alianzas con el crimen, directa o indirectamente, particularmente en la ciudad de Río de Janeiro, su base electoral. No por casualidad, el estado de Río de Janeiro ha elegido a los hijos de Bolsonaro como senador y diputado federal –además de ser concejal en esta ciudad un tercer hijo–, y también ha elegido un ex juez con discurso proarmas, a favor de la violencia policial, misógino, homófobo y racista, igual que los Bolsonaro, para gobernador.

Si esto no hubiera sido suficiente, la ciudad de Río de Janeiro, conocida como lujuriosa y violenta, ya había elegido en 2016 como prefecto un ex obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la mayor iglesia neopentecostal del país, que controla una de las mayores redes de comunicación de Brasil y que está instalada en varios países, en especial en la África lusófona.

Los resultados electorales de 2018 demostraron de manera clara que fue en la periferia urbano-metropolitana del sur y sudeste, las áreas de mayor concentración de población, donde la derecha ganó. Por otro lado, en los estados más pobres del país, localizados en el noreste, el PT ganó las elecciones para presidente y la izquierda eligió gobernador. En el sur y sudeste, la victoria fue absoluta de la derecha, tanto para la Presidencia de la República como para los gobiernos de los estados.

Pero el encanto ha durado poco. Actualmente Bolsonaro presenta los más bajos índices de aprobación de la historia de la democracia en Brasil, en todos los períodos de evaluación por las encuestas en los primeros 9 meses de gobierno. Ni la normal esperanza de los electores en los primeros 100 días de gobierno ha resistido. La alianza entre agrupaciones de derecha autoproclamadas como liberales en la economía, la extrema derecha conservadora y reaccionaria y sectores que apoyaban las medidas anticorrupción de la operación Lava Jato –a partir del poder judicial y el Ministerio Público–, se deshizo rápidamente. Los liberales en la economía no fueron capaces de soportar el desgaste de los primeros meses de un gobierno en que tiene presencia frágil y los ataques contundentes del gobierno a los derechos humanos más elementales e incluso a presupuestos de la economía liberal contemporánea, como la globalización. Los moralistas vieron su superhéroe, el juez Sérgio Moro, aceptar tras la elección de Bolsonaro el cargo de ministro de Justicia, demostrando claro intereses personales en su cruzada contra Lula. Incluso sus apoyos más resistentes vieron derrumbarse cualquier señal de idoneidade en la conducta del ex juez a partir de las revelaciones de su actuación junto con los procuradores visando la condena de Lula, a través de la publicación de conversaciones entre procuradores y el juez en la aplicación Telegram por sitio web The Intercept, del periodista Glenn Greenwald.

Desde siempre defensor de la dictadura militar en Brasil (1964-1985), aunque fuera apartado del ejército como simple capitán debido a la acusación de elaborar un ataque a la infraestrutura urbana por una disputa salarial –en la época de la misma dictadura que defiende hoy–, Bolsonaro actúa cada vez más en consonancia sólo con su base más radical y fiel que no debe llegar al 20% del electorado. En los estados del noreste, donde Bolsonaro perdió y fueron elegidos gobernadores de la izquierda (PT, PSB y PCdoB), encuestas recientes demostraron una solidez de posicionamento contra el gobierno, que ya había en la época de las elecciones, de mujeres, jóvenes, negras, de renta y escolarización bajas. Se han ido sumando a este núcleo socioeconómico de oposición parte de los sectores medios que sienten el aumento de las pérdidas económicas desde el golpe; liberales y agentes del mercado financiero que pierden con la falta de confianza en el país y el aislamiento internacional del gobierno Bolsonaro; y parte de la clase media tradicional que vio su sueño de moralización convertirse en moneda de cambio político con las revelaciones del acuerdo entre juez y procuradores de la Lava Jato.

La derrota del PT

Tiene antecedentes, y remite a las propias condiciones de su llegada al poder. Su alianza con sectores conservadores influyó en gran medida en las medidas económicas y políticas de los gobiernos petistas durante una década y media. Uno de los efectos más claros de esta alianza fue la inserción económica internacional de Brasil, que en aquel período se había convertido en una de las diez mayores economías del mundo. De sede y patrocinador del Fórum Social Mundial realizado en Porto Alegre, la primera ciudad con gobierno petista y creadora de la radical experiencia democrática del Presupuesto Participativo, el PT se convierte en el partido que dirige una de las mayores economías del planeta. En ese período también se produce un aumento de la concentración de rentas entre los más ricos y un avance de las condiciones de los más pobres. Si el Brasil de Lula consiguió huir de la crisis global de 2008, incluso teniendo parte de su base económica centrada en la exportación de productos –en especial a China y los Estados Unidos, pero también de importancia con la Unión Europea, Argentina y países de Oriente Medio–, no sucedió lo mismo a partir de problemas ligados a los ajustes globales post 2008. En especial, la disminución del ritmo de crecimiento económico chino tuvo efectos en la exportación de grano y minerales. A esto se sumaron problemas derivados de políticas internas que aspiraban a mantener el ritmo de crecimiento brasileño de la década anterior con la bajada de impuestos y otros incentivos a la industria. La caída de impuestos industrial y comercial, en vez de revertir en inversiones y generación de empleo, fue utilizada de manera personal por los empresarios para invertir en el mercado financiero. Un contexto que disparará una desaceleración del crecimiento a partir de 2014 y el estancamiento, incluyendo períodos de caída de la economía a partir de 2016. Las condiciones económicas del golpe civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El golpe civil

Fue un golpe civil porque no hubo reconocimiento jurídico de «crimen de responsabilidad» por parte del Gobierno Dilma, como exige la Constitución Federal de 1988 para la puesta en marcha del impeachment. Constitucionalmente, el impeachment exige su petición por parte de la Presidencia de la Cámara siendo juzgado el proceso por el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de diputados y el Senado, siendo necesarios por lo menos 2/3 de votos favorables para su realización. O sea, el «crimen de responsabilidad» como supuesto está subordinado a intereses políticos. Si el gobierno no obtiene por lo menos 1/3 de los diputados y senadores puede ser destituido, incluso sin la tipificación por el Supremo Tribunal Federal de «crimen de responsabilidad». Situación contradictoria que permitió que al mismo tiempo la presidenta Dilma fuera depuesta y mantuviera sus derechos políticos.

Las elecciones de 2014 ya habían acentuado la relación del PT con el centro derecha, al colocar en la vicepresidencia a Michel Temer, político que dirigía el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (hoy MDB). Originado de la oposición legal y parlamentaria concedida por la dictadura militar, con la democratización y la libertad partidaria, esta organización perdió sus principales cuadros a favor del trabalhismo del Partido Democrático Laborista (PDT), con vínculos con la socialdemocracia europea; hacia el Partido de los Trabajadores (PT) con su origen en el sindicalismo combativo y corrientes y organizaciones clandestinas de la izquierda; y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), partido inicialmente socialdemócrata transformado en partido del capital financiero y las elites económicas industriales, que gobernó el país con Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2002. En el PMDB quedarían parte de sectores ligados a la industria nacional y políticos de centro y centro derecha tradicionales. 2014 fue una elección cuya disputa entre los dos mayores partidos en términos electorales, PT y PSDB, tuvo el ganador con la menor diferencia desde la democratización. PT y PSDB disputaron directamente todas las elecciones desde 1994.

Del desarrollo social a la operación Lava Jato

La ecuación de los gobiernos del PT fue conseguir el equilibrio entre crecimiento económico, políticas de distribución de la renta para los más pobres y concentración entre los más ricos lo que propició una hexemonía de más de una década de un proyecto de política económica de desarrollo y social, o «social-desenvolvimentismo». Los efectos de los ajustes globales y los equívocos en la política económica nacional, junto al alejamiento de movimientos sociales y falta de continuidad de políticas populares durante el primer Gobierno Dilma (2011-2014) volvieron aún más conservadoras la dirección política y económica del nuevo mandato, a partir de 2015.

El golpe civil puede ser entendido como la toma del poder por los grupos políticos de centro y entro derecha que ya controlaban el Estado. A partir del golpe, sin tener los obstáculos que creaba la presencia del PT en la Presidencia y todavía en varios ministerios. Paralelamente al movimiento a la derecha dentro de los gobiernos petistas, externamente se desarrolló una acción jurídico-política de cuño moralista teniendo al frente un juez de primera instancia del políticamente conservador estado del Paraná. El juez Sérgio Moro consiguió, con prácticas heterodoxas e inconstitucionales, en colaboración con agrupaciones políticas de derecha aisladas, condenar y detener a políticos ligados al PT e incluso de su oposición, en un movimiento supuestamente anticorrupción. La llamada Operación Lava Jato se inició, no por casualidad, en 2014. Aunque políticos electos para el parlamento nacional y miembros del gobierno federal tengan como foro el Supremo Tribunal Federal (STF), con maniobras jurídicas e inexplicables acuerdos de los jueces del STF, la barra judicial del juez Sérgio Moro consiguió mantener bajo su autoridad procesos obviamente de instancia superior. El juez tenía vínculos directos con el PSDB, partido derrotado en 2014, y un histórico de formación profesional junto al Gobierno de los Estados Unidos. Estos son los argumentos típicos de los adeptos de la teoría de la conspiración, teoría reforzada con la muerte del juez del STF responsable de analizar las incongruencias del proceso penal que llevaría el presidente Lula a prisión en 2018 cuando aparecía como demandante preferencial en todas las investigaciones.

Michel Temer y el puerto de Santos

El juez del STF, Teori Zavascki, murió en un accidente de avión particular de un empresario en la región paradisíaca de Parati. Un avión con un índice bajísimo de accidentes y manejado por un piloto con experiencia. La investigación apuntó hacia un fallo del piloto. Tras la muerte del magistrado, salieron a la luz mensajes en la red social del hijo del juez del STF con amenazas de muerte al padre. Los mensajes fueron rápidamente borrados. El presidente Michel Temer nombró entonces el Ministro de la Justicia Alexandre de Moraes para el Supremo. Figura controvertida, Alexandre de Moraes fue secretario de seguridad del Estado de São Paulo, la mayor economía del país y centro global de finanzas en América Latina, cuando se produjo un ataque armado en la ciudad de São Paulo (el Estado y la ciudad tienen el mismo nombre, así como Río de Janeiro nombra ciudad y Estado) por el PCC (Primero Comando de la Capital), organización criminal que controla el tráfico de drogas en Brasil. Alexandre de Moraes, entonces secretario de seguridad del Estado de São Paulo fue el responsable de negociar y atender las demandas del PCC. Hay informaciones que apuntan a que, antes de ser secretario del Estado de São Paulo, el actual juez del STF había actuado en la oficina de abogados que defendió a líderes del PCC. Michel Temer, principal beneficiado por el golpe civil, y responsable polo nombramiento de Alexandre de Moraes al STF, construyó su historia política en el Estado de Sãel Paulo. Durante su mandato en la Presidencia fue acusado por la Procuradoría General de la República (PGR) de beneficiar con concesiones a empresa responsable del área de contedores en el puerto de Santos. Localizado en el Estado de São Paulo, en la ciudad de Santos, este es el mayor puerto de América Latina y también, según informaciones especializadas, de entre los grandes puertos del mundo uno de los dos con el menor control de movimiento de contenedores. Temer tiene relación histórica con el control del puerto de Santos y fue detenido dos veces tras dejar la Presidencia de la República, debido a acusaciones, entre otras, de ampliar la concesión hasta 2035 al mismo grupo que ya controlaba el área de contenedores en el puerto de Santos por lo menos desde 1998. La concesión fue anulada. El grupo económico beneficiado se declaró en quiebra y en marzo de este año informó del cierre de sus actividades en el puerto de Santos. Este grupo económico siempre estuvo entre los principales donantes en las campañas electorales de Michel Temer.

El ascenso de Bolsonaro

La exposición a través de procesos judiciales fundados en un empoderamiento de los procuradores del Ministerio Público Federal (MPF) de esquemas fraudulentos y de enriquecimientos sospechosos –tanto de empresarios como de políticos– en una crisis económica, nutrieron un ambiente moralista entre los nuevos sectores medios económicos, la clase media tradicional y la élite tradicional. Si no resulta sorprendente que la clase media y la élite económica tradicional hubieran tomado una posición antipolítica, pues tienen sus condiciones socioeconómicas estables, la conversión conservadora de los nuevos sectores medios de renta generados a partir de las políticas de empleo y acceso al trabajo y educación por los gobiernos Lula/Dilma –en especial en el periodo Lula–, es un problema. Esos nuevos sectores medios en términos de renta, esto es, con renta en la media nacional –que en términos sociológicos no constituyen la clase media–, tuvieron adelantos económicos significativos e inserción social durante los años de Lula, pero fueron directamente alcanzados por la crisis económica. Residentes en general en las favelas y periferias de las grandes metrópolis de las regiones más ricas del país, el sudeste y sur, estos sectores económicos son la principal base de las iglesias neopentecostales, y están también fuertemente influenciados por la comunicación de masas, en particular de las redes abiertas de televisión y redes sociales por Internet. Altamente expuestos a un discurso prejuicioso y anticivilizatorio de sectores reaccionarios del neopentecostalismo, este contexto construyó los fundamentos de la adhesión al discurso moralista difundido por la gran prensa y redes sociales digitales y la consecuente elección de Bolsonaro.

2020 como horizonte

Brasil, país paradójico y de contrastes extremos, vive una vez más en alta tensión. Su élite política y económica ha construido una crisis institucional al apoyar un proyecto sin compromiso con la democracia y el Estado de derecho, por un lado; y por otro, se encuentra una intensa y creciente movilización social liderada por jóvenes, negros, indios y mujeres. Los rumbos posibles están en abierto y en fiera disputa. En 2020, las elecciones para los ayuntamientos y prefecturas puede apuntar hacia nuevos caminos para este gigante paradójico: Brasil.

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