La doble competencia

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La pelea entre Ciudadanos y el Partido Popular por la hegemonía en la derecha española ha provocado una competencia feroz entre los partidos de Rivera y Rajoy por mostrar quién de los dos es más beligerante con lo que llaman «lenguas vernáculas», término utilizado en el franquismo (y de forma oficial en la Ley General de Educación de 1970) para identificar al catalán, éuscaro y gallego. A la ocurrencia de Ciudadanos de que no se le exigiera a las aspirantes a acceder a la función pública en comunidades con lengua propia el conocimiento de la «lengua cooficial», le ha replicado de forma desorbitada el Gobierno de Rajoy amenazando, al amparo de la intervención en Catalunya del 155, con ponerle fin al modelo de inmersión lingüística, una experiencia educativa exitosa, de casi veinticinco años de historia, apoyada de forma abrumadora por la sociedad civil catalana. Una escalada inmoral de dos partidos que utilizan como leitmotiv de sus propuestas la de la «persecución del castellano en Catalunya», una falsedad desmentida tanto por los datos de usos lingüísticos en Catalunya como por los resultados de las pruebas PISA en lo que atañe a la consecución de las competencias de lectura y escritura en castellano y catalán.

Una estrategia de confrontación lingüística que tiene su claro precedente (como tantas otras iniciativas de la derecha española) en la utilizada en Galicia por Feijóo para desbancar al Gobierno de Touriño, cuando de la mano de grupos galegófobos miembros destacados de su partido participaron el 8 de febrero de 2009 en aquella manifestación en Compostela en la que publicitaron la falacia de la «imposición del gallego». Una estrategia que continuaría, ya desde el Gobierno gallego, para justificar que se dinamitase el consenso conseguido alrededor del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) y se impusiera el decreto de Plurilingüismo, que en menos de una década ha erradicado la utilización del gallego como lengua vehicular en la Educación Infantil, convirtiéndolo en una lengua extranjera, ajena, para su alumnado. Una catástrofe lingüística irreversible de la que ahora nadie se hace responsable, atribuida al proceso imparable de substituciones lingüísticas de las generaciones nacidas en las décadas de entre siglos. Y así se quedan tan panchos los responsables políticos y los redactores técnicos de este modelo plurilingüe, vendido como de elección familiar, que hizo retroceder de forma muy significativa y alarmante el empleo del gallego en el sistema educativo no universitario.

Sin embargo, tanto en el modelo consensuado en Galicia en el PXNLG (2004) como en el de inmersión lingüística catalán (1993), la adquisición de idéntica competencia en la utilización oral y escrita en ambas las lenguas cooficiales, al final de la educación obligatoria, constituye la garantía del respeto de los derechos lingüísticos para toda la ciudadanía y de su cohesión social, ya que acerca la igualdad de oportunidades en el empleo de cada lengua. He aquí la viga maestra de estos modelos que pretenden, además, un estatuto de normalidad, que aún sólo posee el español, para el gallego o el catalán, en todos los campos de la vida social, institucional, económica o cultural.

No obstante, la consecución de esa doble competencia para toda la ciudadanía, en la que tanto insistió el maestro Agustín Fernández Paz, obliga a diseñar modelos pedagógicos que contribuyan eficazmente a su adquisición, siendo conscientes, como acreditan los resultados PISA, de que la lengua de uso habitual en el campo familiar no condiciona los aprendizajes del alumnado en comprensión lectora, ya que son las desigualdades socioeconómicas entre las familias las que condicionan los resultados. En definitiva, modelos de normalización diferentes basados en la finalidad de la doble competencia, en los que la utilización del gallego o el catalán como lengua educativa vehicular, no va en detrimento del aprendizaje del castellano, pero sí que constituye un requisito indispensable. Modelos que demuestran que tanto en Catalunya como en Galicia existe una sola comunidad de aprendizaje que emplea (o debería emplear) en el aula tres o hasta cuatro (en el caso gallego) lenguas de forma habitual, siendo la lengua propia la considerada vehicular y preferente en todos los niveles de la institución educativa.

Ahí radican las bases sólidas para iniciar un debate necesario que permitiera a medio plazo volver a forjar el consenso alrededor del empleo de las lenguas en el sistema educativo gallego. Con todo, soy muy pesimista sobre la viabilidad de esta propuesta, tanto por el desinterés de Feijóo para negociar con la oposición y con la sociedad civil cuestiones de país (lengua, territorio, demografía, autogobierno, financiación…), como por la propia evolución de los trabajos de la subcomisión para un «Pacto por la educación» del Congreso de los Diputados, donde los partidos de la derecha española pretenden que la nueva Ley Orgánica de la Educación, además de promover la recentralización del currículum y la consolidación de la privatización de la red escolar, contemple el cuestionamento explícito de los modelos de normalización lingüística basados en la adquisición de la doble competencia. Tiempos difíciles, sin duda, para el futuro del idioma propio.

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