Monarquía 35%, República 41%

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Hace años escuché a Vicenç Navarro decir que la principal diferencia entre la monarquía española y las monarquías sueca o holandesa no era su estatuto constitucional ni su historia. Tampoco su patrimonio. La gran diferencia entre la familia real española y las del resto de Europa es que en España, desde la transición hasta hoy, los Borbones cuentan con la protección de la totalidad de los grandes medios de comunicación del país. No existieron ni existen líneas editoriales críticas con la monarquía, ni en los grandes periódicos ni -aun menos-, en los grandes canales de TV o radio. De manera que, cuando las periferias del sistema mediático o cultural se han posicionado críticamente frente a la corona, la respuesta no se hace esperar. La fiscalía no ha escatimado fuerzas para secuestrar portadas de El Jueves o instar denuncias por injurias contra artistas plásticos, músicos o activistas. Una situación inimaginable en Suecia o Reino Unido. En Europa existen monarquías, así es; sin embargo, no existen monarquías que no reciban críticas libres desde los grandes medios de sus países.

Cuando en abril de 2013 la valoración de la monarquía consiguió el mínimo histórico de 3.7 puntos sobre 10, el CIS esperó dos ondas más, y viendo que la cosa no mejoraba, cerró la serie en abril de 2015 con un 4.3 sobre 10

En España, los grandes poderes han protegido a la monarquía de muchas maneras. Uno de ellos -uno más- está siendo el apagón de la información sociológica relativa las opiniones de la sociedad sobre la institución. Al largo de su historia, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha preguntado muy poco sobre la corona, pero desde 2015 no ha preguntado nada en absoluto. Cuando en abril de 2013, con Urdangarín, Corina y el elefante en las espaldas de Juan Carlos I, la valoración de la monarquía consiguió el mínimo histórico de 3.7 puntos sobre 10, el CIS esperó dos ondas más, y viendo que la cosa no mejoraba, cerró la serie en abril de 2015 con un 4.3 sobre 10. Literalmente, no hubo más preguntas.

Habría de ser la periferia del sistema mediático quien pusiese fin al apagón en este mes de octubre. El pasado domingo conocimos los datos de la encuesta promovida por la Plataforma de Medios Independientes, implementada online sobre una amplia muestra de 3.000 casos.

En el ámbito de la opinión pública, a veces tienen lugar grandes disociaciones entre la opinión de las mayorías sociales y los discursos hegemónicos en los medios. En tiempos de crisis, estas disociaciones son más frecuentes y, a veces, están mostrando grietas en las estructuras discursivas de legitimación del sistema. Una de las características más reconocibles de estas disociaciones son las ambivalencias y las contradicciones continuas entre las posiciones dentro de un mismo discurso.

Una mayoría significativa ve en la monarquía los valores del juancarlismo postfranquista: estabilidad y contención de las tensiones territoriales. Por otra parte, una mayoría equivalente (y posiblemente conformada en una parte significativa por las mismas personas) considera que la monarquía es una rémora de otros tiempos y que los escándalos de corrupción de la familia real hacen daño a la imagen de España.

Sin entrar a valorar la potencia disruptiva del caso -que probablemente no es mucha-, esta encuesta sobre la monarquía de la cuenta de la enorme profundidad que separa los discursos sobre la corona que brotan en la superficie del sistema mediático hegemónico, y las grandes corrientes ideológicas mayoritarias y submarinas en las que parecen estar sumergiendo grandes sectores sociales del país. Así, por una parte, una mayoría significativa sigue viendo en la institución los que habían sido los grandes valores del juancarlismo postfranquista: estabilidad (48%) y capacidad de contención de las tensiones territoriales (39%). Por otra parte, una mayoría equivalente (y posiblemente conformada en una parte significativa por las mismas personas) considera que la monarquía es una rémora de otros tiempos (48%), que los escándalos de corrupción de la familia real hacen daño a la imagen de España en el exterior (74%) y que Felipe VI conocía las comisiones que cobraba su padre (48%).

De acuerdo con los datos del CIS, en 1994 la confianza en la monarquía como institución conseguía un promedio de 7.5 puntos sobre 10; con esta encuesta en la mano, sabemos que hoy apenas llega a 4.2. En Galicia, aunque los datos no son significativos, las tendencias muestran que la disociación es aún más intensa. La proporción de los que creen que el rey Felipe sabía de las comisiones que cobraba el padre es significativamente mayor que en el resto del país (52% vs. 48%), pero eso no quita para que la proporción de los que consideran que la monarquía aporta orden y estabilidad sea 9 puntos mayor (57% vs. 48%). En Galicia, los que votarían a favor de una república son prácticamente los mismos que en el resto de estado (42% vs. 41%), pero los que respaldarían la monarquía son significativamente más (40% vs. 35% en el resto). Eso sí, los acuerdos sobre lo despilfarro que supone tener reyes son idénticos: 55% de los gallegos y 55% del conjunto de los españoles están de acuerdo en que «para lo que aporta, el coste de lana monarquía eres desproporcionado». Ambivalencias y contradicciones, esas hijas no reconocidas que las reflexiones disociadas van echando por ahí.

En 2020 el constitucionalismo es defendido en el espacio de representación partidista como la piedra rosetta de los problemas país, los pocos que no lo defienden son tratados como leprosos y las fuerzas llamadas a impulsar la apertura de un nuevo proceso constituyente solo hablan del texto del 78 para exigir su cumplimiento

Las posiciones sobre el respaldo a una eventual reforma constitucional muestran una realidad más o menos semejante. Hoy, el 72% de la gente considera que la constitución de 1978 precisa de una reforma. De esta cuestión tenemos más información. Sabemos que este respaldo es mayoritario desde que había explotado la crisis financiera mundial. El 2008 fue el primer año en el que se alteró la relación de fuerzas y los reformistas fueron más que los inmovilistas: 52.7% en 2008; 58.6% en 2012; 69.9% en 2018. No obstante, en 2020 el constitucionalismo es defendido en el espacio de representación partidista como la piedra rosetta de los problemas país, los pocos que no lo defienden son tratados como leprosos y, para finalizar la disrupción, las fuerzas llamadas a impulsar la apertura de un nuevo proceso constituyente solo hablan del texto del 78 para exigir su cumplimiento. En los espacios mediáticos dominantes, el respaldo al cambio constitucional es absolutamente testimonial; como quien dice, cosas de Javier Pérez Royo y alguno que otro friki de por ahí. Así andan las cosas. Así andamos.

El crecimiento de la fuerza de los posicionamientos republicanos que muestra esta encuesta está ahí. Y mirando los apoyos que la república recauda entre la gente más nueva, se diría que la tendencia llegó para quedarse. No son capaces de poner estos hechos en cuestión. Pero en los últimos años hemos aprendido de sobra que las mayorías sociales por sí mismas no producen cambio político. En primer lugar, porque la calidad de nuestra democracia está muy lejos de los automatismos y nunca tuvimos un sistema de partidos ni remotamente permeado por la sociedad a ese nivel. En segundo lugar, porque en la mayoría de los casos, los procesos de cambio histórico consiguen su principal impulso del deterioro del régimen que quieren modificar y nosotros aquí aún tenemos un 55% de españoles y un 60% de gallegos que considera que «la monarquía no es ni buena ni mala: depende de cómo sea el rey».

Cuando se trata de pedir cambio constitucional, las grandes mayorías lo piden, pero para garantizar una mejor educación y una mejor sanidad, mejores trabajos, más viviendas, más igualdad; las mayorías sociales respaldan el cambio constitucional para ponerle freno a la corrupción de los políticos

En tercero lugar, y a lo mejor el más importante, porque antes y después de la pandemia, la preocupación de las mayorías sociales por la monarquía es marginal, tanto entre los monárquicos como entre los republicanos, y como sabemos gracias a otros estudios, cuando se trata de pedir cambio constitucional, las grandes mayorías lo piden, pero para garantizar una mejor educación y una mejor sanidad, mejores trabajos, más viviendas, más igualdad; las mayorías sociales respaldan el cambio constitucional para ponerle freno a la corrupción de los políticos, para mejorar la coordinación entre las CCAA y el Estado, para reducir las tensiones territoriales, para cambiar la ley electoral; y solo después de todo eso, para decidir se queremos seguir viviendo en esta monarquía (tan corrupta) o abrir una ventana por la que poda llegar nuestra III República. La de todas.

 

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