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Abraham e Isaac son esculturas de piedra que creó el Maestro Mateo para la catedral de Santiago, en donde estuvieron casi mil años. Llevan algo más de 50 en el Pazo de Meirás. Recuperarlas de las manos de la familia del dictador Francisco Franco es una batalla legal de alto valor simbólico, como también lo es la recuperación de edificios históricos como Meirás, en Sada, o la Casa Cornide, en A Coruña. En estos episodios se juega la restauración de la dignidad de varias generaciones de víctimas, directas e indirectas, de una dictadura sostenida sobre un mar de sangre y miedo. En el arco que va de 18 de julio de 1936 (golpe de estado) a 15 de junio de 1977 (las primeras elecciones democráticas) operaron todas las modalidades de expolio, solo en parte moderadas después de la derrota del fascismo en 1945.

 

El médico Darío Álvarez Limeses vivía en Tui. Allí tenía la consulta y vivía con su esposa María Blázquez Ballester y sus hijos Celso, Álvaro, Xosé María, Alfonso y Emilio. En la Alameda tudense fue fusilado después de un infame juicio el 30 de octubre de 1937. No había cumplido los 60 años. Obligados por las circunstancias a marchar, la residencia de la familia, la Casa do Rollo, donde también se ubicaba la clínica, tuvo que ser malvendida, pero poco antes el médico militar César de Santiago aprovechó las circunstancias para saldar definitivamente la competencia: robó el material que le era de utilidad para su propia consulta y con la ayuda de unos soldados destrozó a culatazos el mobiliario. Por si podía quedar más competencia profesional en la villa también se benefició del fusilamiento del conocido cómo «médico de los pobres», Alejo Diz Jurado, alcalde de la villa.

Xulio Prada Rodríguez es un historiador especializado en el estudio de la violencia política, la República y el primer franquismo. Su libro más reciente se titula Marcharon con todo (Biblioteca Nueva), y profundiza en un aspecto que durante tiempo no centró las investigaciones sobre el golpe de estado de 1936 y la guerra civil posterior: la represión económica. Múltiple, diversa, a veces sin soporte legal y atraco puro, sobre todo entre julio y noviembre de 1936, y después sistematizada en un continuo legislativo diverso. «No podemos hablar de que el balance sea un masivo cambio de propiedad, pero sí que podemos detectar dos ríos circulando. A uno de ellos le podemos seguir el curso documentalmente, porque se hacían investigaciones, se abrían sumarios y se elaboraban listados minuciosamente detallados de bienes. Aún dañados por el tiempo contamos con archivos. Ourense es dónde más material se conserva y, en menor medida, Lugo, Pontevedra y A Coruña. Después hay otro río soterrado, del que fuimos sabiendo por la memoria oral y que no podemos cuantificar, aunque lo imaginemos, un río donde hubo picaresca, extorsión, aprovechamiento de las debilidades y complicidades con los represores, también para hacerse con dinero y otros bienes. O sea, el propio de las situaciones de guerra».

El libro de Prada puede leerse con la distancia del forense o con indignación. Hace el recorrido sobre cómo iba mudando la legislación desde los primeros decretos militares a la Ley de Responsabilidades Políticas, que ponía muy alto el listón de las penas económicas y explica desde las multas y las colectas de obligado cumplimiento para sostener el esfuerzo de guerra a las extorsiones abiertas. Muchas sentencias incluían penas económicas de indemnizaciones que dejaban en muy mala situación las familias. Calculadas las más de las veces en función de los bienes, no tenían especiales miramientos sobre la capacidad de subsistencia de los que quedaban.

Podemos hacernos una idea de la interminable y variada estela de multas cogiendo solo alguno de los once tipos distintos de sanciones que Prada clasifica en su libro seleccionando entre un total de 5.537 multas impuestas y documentadas solo en el período bélico de 1936-1939, cantidad que sería muy inferior a la real: las relacionadas con la no contribución a las suscripciones patrióticas; las de ofensa a los símbolos del nuevo Estado y los de la religión (salir de un lugar cuando ya había empezado el himno nacional, no saludar las efigies del dictador, proferir palabras contra el Movimiento o seguir bebiendo en un local cuando pasaba un desfile militar o una procesión, hablar mal delante de un cura, blasfemar…); multas relacionadas con el pasado político; multas por infracciones administrativas, por subversión, por pronunciar procacidades delante de señoritas, por pase clandestino de fronteras, por no pagar la ficha de la Falange…. El listado es tan extenso que parece difícil que se pudiera hacer una vida cotidiana sin sentir el aliento de la sanción acechando.

Muerte y expolio se produjeron en muchos casos sucesivamente y siempre había personas bien informadas y conectadas con el nuevo poder que se aprovechaban. Luis Lamela, historiador y biógrafo de Pepe Miñones Bernárdez (Corcubión 1900-A Coruña 1936) tiene documentados diferentes casos. Al abogado y empresario Miñones lo fusilaron en el coruñés Campo da Rata y lo arruinaron en orden consecutiva. Diputado republicano radical, cuando lo sentenciaron le impusieron también una multa de dos millones de pesetas de la época con embargo de bienes. Lamela recuerda que la familia consiguió ir haciendo frente a los pagados pero la situación llevó a la descapitalización y a la falta de liquidez de sus empresas. La principal, Electro Popular Coruñesa, acabó cayendo madura en las manos de Pedro Barrié de la Maza, que la fusionó con su Fábrica de Gas y Electricidad de la que nació FENOSA. Barrié fue el promotor de la «suscripción» para regalarle Meirás a Franco.

La posibilidad de recuperar parte de lo perdido en algunos expolios y embargos dependía, no solo de superar el miedo, también de tener recursos económicos para sacar adelante una batalla legal que solo pudo darse con los sucesivos cambios legislativos finalizada la guerra. Enrique Blein Budiño, alcalde de Vigo en 1931, huyó en los primeros días del golpe, pero enseguida lo detuvieron y murió en prisión de un cáncer de garganta en diciembre del 36. A los dos meses de enterrado, la viuda, con siete hijos de entre 4 y 17 años, tuvo que hacer frente a 50.000 pesetas de multa. Le embargaron la vivienda de la calle Carral número 3, tasada en casi 250.000 pesetas y otros bienes. Apenas le dejaron 1.000 pesetas mensuales para mantenimiento. Cuando pudo reclamar, en 1940, le rebajaron la multa a 30.000.

Impulsor de proyectos como Nomes e voces, una base de datos pública sobre la represión en Galicia, el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo F. Prieto se empeña en centrar el foco en evitar que se socialice la culpa, «porque esa política, que era la que subyacía en la idea de la ‘reconciliación nacional’, fue la mejor garantía para la impunidad. Nos centramos mucho en las víctimas y es lógico, pero quizás olvidamos hablar de los verdugos cuando todos conocemos quienes son. Villa a villa, ciudad a ciudad, se sabía bien quien había matado, quien se había aprovechado… En Ribadeo, donde yo nací, echas unas horas, las haces aquí y allá, te informas, y reconstruyes todo el mapa del franquismo. Los nombres de las familias, los cambios en las propiedades… Todo esto puede y debe ser estudiado, y tenemos hilos a seguir porque casi siempre hay huella documental, también en la historia de las empresas y en las estrategias familiares de defensa, del que tenemos un ejemplo en la conservera Massó en la que, para protegerse el hermano rojo, fue sustituido por el falangista al frente del negocio». Lourenzo F. Prieto también reconoce que con el paso de los años muchas percepciones mudaron, y comenta que hoy no sería posible sin escándalo que una persona como el historiador Carlos Alonso del Real, «nos recibió como alumnos de la Facultad de Historia contándonos abiertamente, ‘yo fui nazi y estuve en la División Azul’».

El pontevedrés Manuel Portela Valladares fue una figura política destacada, con un abanico de cargos que lo llevó desde la gobernación general en Cataluña a la presidencia del Consejo de Ministros en la República. Centrista, galleguista, masón, gran amigo de Castelao, había hecho también una importante fortuna económica, con acciones en las minas del Rif y otras empresas propias. Fundó y sostuvo, de 1924 a 1936, El Pueblo Gallego, un periódico decisivo para las aspiraciones autonomistas gallegas, que tenía su local en un edificio con finca al lado de la Puerta del Sol viguesa. Poco a poco días del golpe de estado entraron los militares y clavaron un sable en la mesa del director, tomando posesión. El periódico lo cogió para sí la Falange. Nunca volvió a las manos de su dueño. Exiliado Portela en Francia, además de la expropiación de otros muchos bienes y fincas, le impusieron una multa de quince millones de pesetas, acorde con un relatorio pormenorizado de bienes hecho por el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas de A Coruña. En su último testamento, en 1955, unos meses antes de morir en Bandol (Francia), dejó al Museo de Pontevedra como legatario de todos sus bienes, títulos y derechos, y con el mandato de que litigara para rescatarlos. Que se sepa nada se hizo por intentar ese rescate. El edificio de El Pueblo Gallego lo echaron abajo, no se conservó ni siquiera lo que algunos reputaban que era un sillar de la antigua muralla de Vigo en el que se apoyaba. Eran los años 90, el periódico había dejado de publicarse el 17 de junio de 1979, con un titular expreso en la portada «Adiós a Galicia». La plaza la ocupa ahora el hermoso edificio del Colegio de Arquitectos. No hay placa que recuerde ni las migajas de esta historia de gloria y robo.

Hay también historias de reparación. Tardía, dolorosa, pero con final esperanzador. La actriz María Casares nunca volvió a Galicia. Había marchado adolescente con su padre, Santiago Casares Quiroga, y no quiso volver a la Coruña a revivir el dolor ni cuando Franco se extinguió. La casa familiar, de la calle Panaderas 12, fue incautada y robada y destruida la biblioteca. Durante años fue sede de la Cruz Roja, en 1951 se subastó el edificio y aunque otra hija del dirigente republicano, Esther, hizo la oferta más alta no se la admitieron. Se segregaron 220 metros cuadrados de la huerta y se irguió un edificio de diez plantas. Pasados los años adquirió la casa del exdirigente republicano el Ayuntamiento de A Coruña y finalmente, lo que se conservaba del edificio y finca original, fue rehabilitado. El 14 de abril de 2007 se abrió cómo casa museo y hoy podemos visitarla como recuerdo de un tiempo democrático sustraído por una rebelión militar violenta.

En septiembre de 1995 el Boletín Oficial del Estado publica el decreto 1432/1995 aprobando un «Acuerdo transaccional entre el Estado y Juan Negrín Jr.» (quizás pusieron Jr. por no poner el segundo apellido, Mijailovich): 287 millones de pesetas de 1995 fue la valoración publicada para rehabilitar el patrimonio expoliado a su padre. Al cambio actual, con la inflación, serían algo más de dos millones y medio de euros. No fue el único patrimonio devuelto, ni publicado en el BOE, pero sí que llama la atención por la figura afectada. El neurofisiólogo Juan Negrín López había presidido la República entre 1937 y 1945 y formaba parte de una familia canaria con negocios relevantes. Murió en 1956, exiliado en París, y en 1976 sus descendientes se hicieron fuertes para reclamar el patrimonio robado, que no era poco. En particular, porque muchas fincas en el centro de la ciudad de Las Palmas estaban edificadas, y su hijo, también médico, llegaba de los Estados Unidos dispuesto a recuperar el patrimonio familiar. Documentos, decisión política y capacidad económica se juntaron para que el asunto llegase a buen puerto después de diecinueve años de litigio y la amenaza de Negrín hijo de llevar las cosas al Tribunal de Estrasburgo.

Impunidad. Quizás sea esta la marca que mejor define una época. Una capacidad que no todos tenían, pero cuando se trataba de ciertos nombres e instituciones, funcionaba y se transmitió más allá de la dictadura. Felisindo Rodríguez fue un cura bien conocido en los tiempos del obispo Angel Temiño en la diócesis de Ourense de los años 60 y 70. Ejerció en la parroquia verinense de Tamaguelos, fue profesor de religión y tenía una empresa de pompas fúnebres. De acreditada estirpe nacional-católica, no le costó adaptarse a los nuevos tiempos. Enseguida se hizo hooligan de la derecha, con visitas a prisión a Tejero incluidas, y fue acreditado campeón en la búsqueda de votos de UCD y PP sucesivamente. En 1981 el Museo Arqueológico de Ourense trataba de recuperar un importante peto de ánimas de la parroquia de Felisindo que había desaparecido. El cura había intervenido en el asunto y había hecho un regalo. Nada se supo del destino hasta que el nuevo propietario apareció en 1983 en las páginas de la revista ¡Hola! La esposa de Manuel Fraga posaba sonriente el lado de la pieza en los jardines de la residencia de verano en Perbes. ¿Seguirá allí?

Como las figuras de Abraham e Isaac que esculpió el Maestro Mateo, otros dos barbados se unen en el tiempo en esta historia de infamias: Sócrates y Valle-Inclán. En Tui empezó a dar sus primeras clases el pintor Manuel Prieto Coussent, nacido en Ribadeo en 1907. El 3 de mayo de 1936 un busto de Sócrates diseñado por él era inaugurado en los jardines de Santo Domingo, sobre una columna de piedra grabada con una máxima socrática, «La mejor manera de vivir es practicar la vida y la justicia». El 21 de junio del mismo año en los jardines Vicenti de Pontevedra se inaugura otra pieza de Prieto Coussent esculpida también por canteros tudenses, en esta ocasión dedicada a Valle-Inclán. Las crónicas de la época recuerdan la interpretación de los himnos gallego y republicano y los discursos del gobernador Gonzalo Acosta Pan. Poco duraron la alegría y el homenaje. El busto de Sócrates lo arrancaron los falangistas del pedestal, lo arrojaron al río Miño y nunca se recuperó. La escultura de Pontevedra la exiliaron en 1952 al monte de A Curota, en el Barbanza, donde en una ocasión fue arrancada y arrojada monte abajo, pero recuperada, aún hoy se puede visitar. La reparación poética de Sócrates tardó más, pero la hizo el colectivo Levada Libre recaudando con los vecinos el dinero preciso para volver a esculpir la obra de Prieto Coussent. En junio de 2010 volvió dignamente al emplazamiento primigenio. El original permanece acaso en el fondo del río o quizás ya adorna la Atlántida sumergida.

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